Un edificio para el futuro que no olvide el pasado [OPINIÓN]

A las 11 de la mañana del 26 de febrero de 1934 se colocó la primera piedra de la nueva prisión provincial de Cáceres. De esta manera, se inició la construcción de un edificio reivindicado desde hacía años por determinades personalidades de la vida pública de la ciudad de Cáceres, especialmente por el socialista Antonio Canales González, en esos momentos alcalde de la ciudad.

La nueva cárcel pretendía albergar 145 presos, 130 hombres y 15 mujeres. El golpe de estado de julio de 1936, el desarrollo de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura franquista dieron una finalidad no prevista a esta prisión, ya que se convirtió en un importante centro de reclusión para quienes defendieron la legalidad republicana. Aunque aún desconocemos su número, no es descabellado cifrar en miles las personas acusadas de «delitos políticos» que pasaron por este recinto penitenciario, hombres y mujeres originarios de toda la geografía nacional.

A medida que avanzó la década de los años 40, el número de «presos políticos» descendió de manera notable. No obstante, esta faceta de «prisión política» resurgió en los primeros años de la década de los 60, cuando algo más de 200 presos antifranquistas, procedentes de otras provincias y la mayoría de ellos militantes del PCE y CC OO, fueron encarcelados por su lucha contra la dictadura franquista.

La transición a la democracia y la posterior instauración del sistema democrático acabaron con el carácter de «cárcel política» de la prisión provincial de Cáceres. Su clausura en 2009 y su no empleo para otros probables usos, supuso el inicio de un importante y progresivo deterioro de esta emblemática construcción, que llega hasta nuestros días.

Ninguna institución pública ha tenido la iniciativa de conmemorar el 90º aniversario de la colocación de aquella primera piedra de la «cárcel vieja» de Cáceres. La presión ciudadana, que en no pocas ocasiones condiciona las iniciativas de nuestras administraciones públicas, no parece haber existido en esta ocasión. Puede que esta circunstancia deba relacionarse con cierta «confusión» existente a la hora de exigir responsabilidades. En este sentido, hay que señalar que actualmente el inmueble de la antigua prisión provincial de Cáceres es un bien adscrito a un servicio público de titularidad y gestión estatal, concretamente a la empresa pública Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado S.M.E. SA (Siepse), relacionada con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior. Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que la competencia del mantenimiento de este edificio corresponde actualmente al gobierno de España, institución que debería adoptar las medidas oportunas para remediar el grave deterioro de dicha construcción.

Por otra parte, esa ausencia de presión ciudadana quizás deba vincularse también al ya largo y no cerrado debate social y político sobre las futuras utilizaciones del edificio. Desde su cierre como centro penitenciario, han sido numerosas, y de lo más diversas, las propuestas públicas y privadas sobre sus posibles usos, muchas de ellas claramente vinculadas a los vaivenes y momentos políticos de los últimos quince años.

A noventa años de la colocación de la primera piedra de la antigua prisión provincial de Cáceres, la ciudadanía debería exigir al gobierno de España un mantenimiento adecuado de esta construcción que corrija el importante deterioro que sufre. Y esa misma ciudadanía es la que tendría que apremiar a las instituciones públicas para que se concluya en positivo el ya dilatado debate sobre su futura utilización.

Desde la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amecesa) hemos dado algunos pasos para conseguir que se genere esa presión ciudadana. De hecho, solicitamos al anterior y al actual gobierno de España (ambos presididos por el socialista Pedro Sánchez Castejón) la puesta en marcha de actuaciones para revertir el importante deterioro que sufre el inmueble. Igualmente, al anterior y al actual gobierno de España trasladamos nuestra propuesta para que la antigua prisión provincial de Cáceres se convierta en un centro memorial de titularidad pública estatal relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz. Ambas iniciativas se basan tanto en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición promocionados por la ONU como en lo postulado por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, iniciativa legislativa del anterior gobierno.

Hasta ahora, estas dos proposiciones de Amecesa no han obtenido respuesta alguna por parte del gobierno de España. Por ello, desde nuestra modesta posición, continuaremos desarrollando actuaciones para que la antigua prisión provincial de Cáceres sea un edificio para el futuro que no olvide el pasado y por ello el próximo dieciséis de marzo pondremos la primera piedra del centro de memoria de la antigua prisión provincial de Cáceres.