LA JUSTICIA VE POSIBLES INDICIOS DE DELITO EN LA DENUNCIA QUE HA PRESENTADO IZQUIERDA UNIDA POR LA ACTUACIÓN DE FRAGOSO EN RELACIÓN A LAS VIVIENDAS OCUPADAS DE SUERTE DE SAAVEDRA

Izquierda Unida había exigido al alcalde que cumpliese con el Real Decreto Ley que le exige garantizar el suministro de agua domiciliaria, habiéndose negado a ello.

Izquierda Unida interpuso denuncia por la situación pésima e insufrible que atraviesan las familias que viven en las viviendas de Suerte de Saavedra en los antiguos pisos de la Guardia Civil, ya que en estos momentos que se sufre una pandemia, habiéndose decretado el estado de alarma y el confinamiento de la población, resulta que estas familias carecen de agua corriente domiciliaria, cosa que no permite el Real Decreto-ley 8/2020 al decir que; “El servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente, en las actuales circunstancias.” Sin embargo, el Alcalde de Badajoz, en contra de los intentos del gobierno para que se garantice que en todos los domicilios haya suministros básico de luz y agua, se niega a facilitarlo, justificándose de forma burda en lo que dice un reglamento, “Desde un punto de vista jurídico no puede justificar que no cumple con lo que dice un Real Decreto-ley en base a una norma de rango inferior como es un reglamento.

Los hechos hacen presumir la posible existencia de delito de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

Ante tal situación, el Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz ha dictado Auto de fecha 6 de abril de 2020, por el que incoa diligencias previas, en el que dice literalmente en su fundamento jurídico Primero:

“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y demás normativa concordante.”

Al mismo tiempo, con la denuncia se planteaba como medida cautelar el establecimiento del suministro de agua de forma inmediata para paliar la situación que se está viviendo, aunque aún no ha entrado a resolver tal situación, ya que en el mismo Auto, obliga tanto a Izquierda Unida como al grupo municipal de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, a desembolsar una fianza de cinco mil euros, cosa que esta parte va a recurrir de inmediato, ya que entendemos que si el juzgado observa la posibilidad de la existencia de delito, siendo estos perseguible de oficio, debe proceder a seguir adelante con las diligencias y el examen de la medida cautelar de forma inmediata.

Por otra parte, también una de las personas que viven en estas viviendas ha procedido a realizar denuncia por estos mismos hechos como perjudicada directa, lo que obligará al juzgado a tener que acordar lo procedente, ya que en el Auto de incoación reconocía la posible existencia del delito de prevaricación y otros, que deben investigarse.

La denuncia solicita medida cautelar urgente que sea atendida a la mayor brevedad

De esta forma en la denuncia interpuesta por Izquierda Unida, así como por  el grupo municipal de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo y una de las personas afectadas por esta situación, se solicita medida cautelar urgente que sea atendida a la mayor brevedad por el juzgado entrando sobre el fondo y que no existan dilaciones indebidas con un hecho de suma gravedad como es este.

Siempre ha sido interés de los denunciantes poner el foco, en la situación que se vive por parte de estas familias y que pudieran tener agua cuanto antes, y que se investigue con posterioridad si se han cometido o no los delitos que se denuncian, pero lo que no sería justo es que el juzgado no se manifieste sobre el derecho de estas familias a tener garantizado el suministro de agua domiciliaria.

También comunicar que con anterioridad a la interposición de la denuncia ante el juzgado, se comunicó esta situación al defensor del pueblo, a la Delegación del Gobierno en Extremadura, a Presidencia de la Junta de Extremadura al Ministerio del Interior y al Vicepresidente de Asuntos Sociales, para que tomasen las oportunas medidas dentro de su competencia.