RESOLUCIÓN SOBRE EL ASESINATO DE UNA EDUCADORA SOCIAL EN BADAJOZ Y LA NECESIDAD DE UNA RESPUESTA SOCIAL Y POLÍTICA ALEJADA DEL PUNITIVISMO

Desde IU Extremadura, expresamos nuestra más profunda consternación y condena ante el asesinato de Belén Cortés, joven de castuera que trabajaba como educadora social en Badajoz a manos de tres menores que se encontraban bajo la tutela de la Junta de Extremadura. En primer lugar, trasladamos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos en este trágico momento.

Este terrible suceso ha generado un debate social y político que, en muchos casos, se está centrando en la necesidad de endurecer la Ley del Menor y en aplicar medidas más severas. Sin embargo, desde IU Extremadura consideramos que esta visión punitivista no aborda las causas estructurales que han desembocado en este trágico desenlace y, además, ignora la responsabilidad de las administraciones en la falta de recursos para garantizar una atención integral y segura a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Este asesinato es el resultado de un sistema que ha dejado a los profesionales de la educación social en una situación de precariedad, sin recursos suficientes ni apoyo institucional para desarrollar su labor en condiciones de seguridad y eficacia. La privatización del modelo de atención a menores con medidas judiciales que ha hecho la Junta de Extremadura, ha contribuido a la falta de control y supervisión pública, primando la rentabilidad económica sobre la calidad de la intervención socioeducativa.

Rechazamos frontalmente el discurso que busca instrumentalizar este suceso para endurecer las penas a menores en conflicto con la ley sin analizar las fallas estructurales del sistema. La solución no pasa por recrudecer el castigo, sino por garantizar que los centros y programas de reinserción juvenil cuenten con los recursos necesarios, profesionales capacitados y condiciones de trabajo dignas. Solo así podremos prevenir que hechos como este vuelvan a repetirse.

Por ello, exigimos:

1. Una auditoría de los centros de atención a menores en medidas judiciales para evaluar las condiciones en las que se está trabajando y detectar carencias en recursos materiales y humanos.
2. El refuerzo de los equipos de profesionales que trabajan con menores en situación de vulnerabilidad, garantizando su formación continua, mejores condiciones laborales y medidas de seguridad adecuadas.
3. La reversión de la privatización de los servicios de atención a menores, apostando por una gestión pública que garantice el bienestar de los menores y la calidad del servicio.
4. El desarrollo de un modelo de justicia restaurativa y socioeducativa, en el que la respuesta al delito juvenil no se base en el castigo desproporcionado, sino en la prevención, la educación y la reinserción real.

Desde IU Extremadura, reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad en la que la justicia social y la protección de los derechos sean la base de cualquier acción política. No podemos permitir que este doloroso suceso se utilice como excusa para criminalizar a la juventud vulnerable, sino como una llamada de atención para mejorar un sistema que, a día de hoy, no está garantizando ni la seguridad de los trabajadores ni la adecuada reinserción de los menores.

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