Tres días de comparecencias evidencian el retroceso que supone la Ley de Concordia en Extremadura

La Asamblea de Extremadura ha acogido esta semana tres intensas jornadas de comparecencias en el seno de la Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Los días 17, 18 y 20 de junio, más de treinta expertos, asociaciones memorialistas, historiadores e investigadores han intervenido en el periodo informativo previo a la tramitación de la llamada Ley de Concordia de Extremadura, impulsada por el Partido Popular y Vox.

Este proceso se enmarca en la intención del Gobierno autonómico de derogar la actual Ley de Memoria Democrática de Extremadura, aprobada en 2018, y sustituirla por un texto que, según han denunciado amplios sectores académicos, sociales y jurídicos, no responde a ninguna lógica histórica, jurídica ni humanitaria. Es una propuesta sin rigor historiográfico, que ignora las recomendaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, y que supone una verdadera vuelta atrás en los derechos de las víctimas y sus familiares.

La comisión: estructura y desarrollo

La comisión se ha desarrollado en sesiones de mañana y tarde, con turnos de intervención de 10 minutos por compareciente y 5 minutos para réplicas. Durante tres días consecutivos, han participado voces expertas en historia, derecho, pedagogía, antropología forense, sindicalismo, asociaciones memorialistas, colectivos LGTBI y víctimas directas de la represión franquista.

La jornada del lunes 17 de junio arrancó con nombres vinculados a sectores ultraconservadores o revisionistas, aunque varios de ellos no comparecieron finalmente. Las sesiones posteriores estuvieron marcadas por una presencia abrumadora de voces críticas con la ley propuesta, que denunciaron con contundencia el vaciamiento de contenido legal y simbólico que representa esta reforma.

La ofensiva revisionista: el relato del poder contra la verdad

El lunes se hizo patente la estrategia de los grupos parlamentarios de la derecha: sustituir el consenso internacional sobre justicia transicional por una narrativa ambigua, que evita la mención al franquismo y que presenta la historia como un conflicto entre bandos equivalentes. La intención es clara: borrar el carácter criminal del golpe de Estado de 1936, legitimar 40 años de dictadura y despolitizar la memoria democrática.

Una de las intervenciones más representativas de este enfoque fue la de Guillermo León Cáceres. En su intervención defendió el preámbulo de la Ley de Concordia como un intento de superación del conflicto histórico mediante el reconocimiento del dolor de todas las víctimas. Afirmó que “la transición española fue una forma de justicia transicional” y que “el Estado no debe asumir culpas que no le corresponden”. Propuso un enfoque centrado en el olvido activo, orientado al futuro, y recalcó que “no se puede vivir en el pasado permanentemente”.

La respuesta de Nerea Fernández fue contundente: “Si alguien tiene sentimiento de culpa, que vaya a terapia. Esto no va de culpas, va de responsabilidades históricas”.

La profesora Silvia Soriano advirtió que

«la Ley de Concordia parte de un enfoque jurídicamente inaceptable: elimina las garantías de no repetición y despoja a las víctimas de su estatus legal como tales».

Fernando Ayala, jefe de servicio de Memoria Histórica, señaló que

«esta ley no solo elimina herramientas, sino que borra los principios rectores de la acción pública: el derecho a saber, a recordar y a reparar».

El jurista Juan Moreno Redondo afirmó:

«estamos ante una ley que no pasaría ningún filtro internacional. Ni Naciones Unidas, ni el Consejo de Europa, ni Amnistía Internacional avalarían una norma que pone en pie de igualdad a quienes defendieron la democracia y a quienes la destruyeron».

La diputada Nerea Fernández preguntó de forma directa:

“¿Qué nombre recibe una ley que no menciona ni una sola vez el franquismo, pero habla de reconciliación? ¿Qué reconciliación puede haber sin memoria, sin verdad y sin justicia?”

Testimonios de vida, muerte y silencio

La intervención de José Hinojosa, vicepresidente de AMECECA, fue una de las más emotivas:

“Les estamos pidiendo a las víctimas que entierren a sus muertos, pero sin memoria, sin justicia y sin verdad. ¿A quién molesta que se exhume una fosa?”

Desde la Asociación 25 de Marzo, Javi Romo señaló que

“el objetivo de esta ley es que las víctimas dejen de ser reconocidas como tales. Quieren que seamos solo parte de un relato, pero no sujetos de derechos”.

Isabel Perera Martín, compareciente de la Agrupación de Familiares de Feria narró con crudeza cómo «a mi abuelo y a sus tres hermanos los mataron en la cuneta. Les ajusticiaron en la boca de la fosa. Nadie nos dejó señalizar el lugar. Abrimos la fosa y no pudimos hacer nada. ¿Y ahora nos piden silencio?»

Agustina Merino, de AFAMEVVA, intervino telemáticamente para denunciar que

“las mujeres hemos sido doblemente borradas: como víctimas directas y como cuidadoras de la memoria. Nosotras seguimos buscando, aunque la ley quiera silenciarnos”.

Un debate sin fundamento democrático

Durante las tres sesiones, se evidenció el abismo entre las posiciones progresistas y los discursos de la derecha. Las preguntas de Unidas por Extremadura y el PSOE se centraron en la legalidad internacional, la protección de los derechos humanos, el valor pedagógico de la memoria democrática y el testimonio de las víctimas.

Frente a ello, Vox se limitó a cuestionar la legitimidad de las políticas de memoria, a hablar de “concordia” sin verdad y a equiparar a los golpistas con los defensores de la República. El PP, por su parte, evitó entrar en profundidad y derivó su defensa en un discurso técnico-administrativo.

compareciente de la Fundación Triángulo: “¿Dónde queda la memoria de las personas LGTBI represaliadas durante la dictadura? ¿Vamos a borrar también su historia?”

Memoria como justicia social, como deber institucional

La coordinadora de IU Extremadura, Nerea Fernández, reivindicó la memoria como una herramienta de justicia social. Defendió una ley que proteja a las víctimas, promueva exhumaciones, garantice la enseñanza crítica en las aulas y permita el acceso a los archivos de la represión.

“El franquismo no fue un episodio más. Fue un proyecto de exterminio ideológico, clasista y patriarcal. Pretender borrar eso es perpetuarlo”, declaró Nerea Fernández.

Y denunció que la nueva ley elimina de facto la cooperación institucional con asociaciones memorialistas, suprime la financiación pública de exhumaciones y reduce la memoria democrática a un concepto vacío. “

Quieren sustituir la historia por el turismo, la justicia por la ambigüedad, y los derechos por el olvido”, señaló la portavoz.

Conclusión: una ley sin justicia ni futuro

Las tres sesiones de comparecencias han dejado clara la oposición de la comunidad académica, jurídica, memorialista y social a la derogación de la Ley de Memoria Democrática. No existe justificación jurídica, pedagógica ni institucional para desmantelar una ley que ha comenzado a saldar una deuda histórica con las víctimas.

La Ley de Concordia propuesta por el Gobierno del PP y Vox no solo es regresiva, sino que representa una amenaza directa al derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Es una ley sin memoria, sin víctimas y sin democracia.

Izquierda Unida ha reafirmado su compromiso con los principios internacionales de justicia transicional y con las luchas populares por la dignidad. En palabras de Nerea Fernández:

“No vamos a permitir que se legisle el olvido. Porque sin memoria no hay democracia. Y sin justicia, no hay concordia.”